Ensayo sobre los derechos humanos en Colombia

Introducción

Los derechos humanos en la seguridad social en Colombia Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, etnia, lengua, religión u otra condición. Los derechos humanos incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no ser sometido a esclavitud ni a tortura; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros. Estos derechos se aplican a todas las personas sin discriminación” (2010).

Por lo tanto, no cabe duda de que la finalidad de los derechos humanos es proteger a todos los ciudadanos del mundo de los abusos de otros, sin distinción alguna.

Desarrollo

Colombia es miembro de las Naciones Unidas desde 1945 y también ha firmado varios acuerdos y tratados en defensa de los derechos humanos, pero a pesar de los esfuerzos realizados para combatir las violaciones de los derechos humanos, año tras año, estos esfuerzos no han sido suficientes para erradicar el gran número de crímenes que han sufrido sus ciudadanos a lo largo del tiempo; también hay que especificar que el mayor número de estas violaciones se han producido durante el conflicto armado interno de Colombia.

Si acudimos a la historia de Colombia, entendemos que el conflicto armado es un periodo de guerra que se inició en nuestro país alrededor de los años 60 y que, lamentablemente, continúa hasta nuestros días. Entre las violaciones de derechos cometidas por los grupos armados en el país, encontramos hechos como el desplazamiento, las desapariciones, los secuestros, las amenazas, la tortura, la violencia sexual, el reclutamiento forzoso de adultos y menores de edad, las víctimas de algún tipo de terrorismo y las minas antipersonales, y otros actos que afectan el corazón y el alma que ninguna persona quiere vivir o enfrentar en su vida.

Sólo unas pocas organizaciones no gubernamentales (ONG) se han encargado de recopilar y publicar informes sobre violaciones de los derechos humanos, pero el número de víctimas es tan elevado que un número importante de violaciones no son reconocidas por el sistema y quedan impunes. Además, hay que tener en cuenta que a menudo existe un conflicto entre el gobierno colombiano y estas organizaciones sin ánimo de lucro a la hora de hacer valer la situación real. En consecuencia, algunas ONG, algunas organizaciones sociales y otras culpan al Estado y a los elementos armados de las muertes y violaciones cometidas contra sus propios ciudadanos. La impunidad no debe perjudicar a la sociedad en su conjunto encubriendo las graves violaciones de los derechos humanos, la corrupción y otros delitos; además, es realmente importante entender que las noticias que se “suprimen” son necesariamente el tipo de información que todo el mundo necesita conocer para, por ejemplo, quitarse la venda de los ojos cuando cree que tiene “el mejor y más excelente gobierno”. La impunidad ha provocado más asesinatos y es un indicio del agravamiento del conflicto, la anarquía y la debilidad del sistema judicial.

La situación a la que se enfrenta Colombia es sin duda lamentable y triste: asesinatos de grupos sociales, indígenas, amenazas contra defensores de los derechos humanos y otros activistas que luchan por una paz más justa, y atentados que aumentan en lugar de disminuir con el tiempo. Incluso, Colombia se ha ganado un nuevo título como el país más peligroso del mundo para ser líder social, porque además, los líderes que se registran como muertos, muchos de los cuales ahora mueren impunemente, solían tener alguna amenaza porque su valiente trabajo no era del agrado y no del todo de sus diversos opositores, porque estos líderes no sólo están comprometidos con la protección de los derechos humanos, sino también con la defensa de la libertad de expresión, los derechos LGBTI, la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.

La búsqueda de la verdad y la memoria histórica en Colombia siempre se ha realizado a través de movimientos sociales, grupos universitarios, periodistas, etc. Asimismo, en los últimos años el país ha tenido que recurrir a cosas como grandes marchas y caceroladas para expresar su descontento con el gobierno, y de hecho los participantes y las causas de las marchas han sido tan variados como una baraja de cartas.

En las marchas recientes encontramos marchas de estudiantes universitarios, algunas de las cuales no tuvieron un final tan feliz, y en la gran mayoría de los abusos de poder en Colombia contra el mal gobierno del país, estos abusos fueron manejados como eventos no convencionales perpetrados por “manzanas podridas”, que golpearon fuerte y repetidamente a personas igualmente inocentes pero que incluso murieron por el exceso y abuso de poder de instituciones como la policía. El gobierno y sus partidarios siempre han defendido que el escándalo no representa una institución porque sólo algunos de ellos han hecho un mal trabajo. Sin embargo, la frecuencia de los incidentes hace que surjan dudas cotidianas sobre la seguridad y que la gente crea lo contrario. Aunque algunas de las diferencias en el comportamiento de la policía colombiana pueden deberse a factores específicos, es probable que el grado y el alcance de los abusos estén influidos por factores organizativos. A su vez, algunos de estos abusos han sido tan graves que han derivado en asesinatos, como recordamos cuando Dylan Cruz, de 18 años, fue disparado y gravemente herido en la cabeza por un escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD) durante una manifestación pacífica en Bogotá el sábado 23 de noviembre de 2019. Posteriormente, Dylan murió el lunes en el hospital al que fue trasladado y el informe describió la muerte como “violenta” y “asesinato” basándose en las pruebas de balística que revelaron una “bolsa de frijoles” con múltiples cargadores disparados con un arma de fuego del calibre 12.

Otro punto a tener en cuenta en cuanto a las violaciones de derechos humanos como el derecho fundamental a la vida es la masacre de Samaniego, provincia de Nariño, que se cree que fue cometida por grupos armados. Comenzó con una reunión de jóvenes en la zona rural de Samañego, en la que sólo se oían risas, música y jóvenes bebiendo una o dos cervezas, pero terminó de forma horrible cuando cuatro hombres enmascarados se abalanzaron sobre los jóvenes, en su mayoría universitarios, a diestro y siniestro.

A la luz de todo lo anterior, y de lo que no se dice específicamente, entonces tal vez el Estado colombiano no debería.

Garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes y su restablecimiento en caso de violación.
Desarrollar y aplicar políticas públicas a nivel nacional, provincial, distrital y municipal y asignar los recursos necesarios para su aplicación.
Investigar y castigar los delitos contra niños y jóvenes.
Apoyar a las familias para que puedan garantizar sus derechos. Prestar especial atención a los niños y jóvenes en riesgo, en situación de vulnerabilidad o en situaciones de emergencia.
Evitar la participación en grupos armados ilegales. Promover la convivencia pacífica en la familia y en la sociedad, para prevenir y eliminar toda forma de violencia que amenace sus derechos.

Fuente. Sanin, M. (2016).

Sin embargo, los dos hechos de violencia ya mencionados, que dejan un enorme vacío en nuestras mentes, representan menos del uno por ciento del gran número de asesinatos, agresiones o amenazas que se producen en Colombia, donde el Estado gobierna sin proteger a quienes reclaman cualquier forma de igualdad. El Estado gobierna con una desprotección para quienes exigen cualquier forma de igualdad, ya que todos los puntos del cuadro anterior deben cumplirse como mínimo, ya que estos son sólo algunos de sus deberes como ente estatal para con los habitantes de su país, entonces el análisis de qué tan alto es el cumplimiento de estos puntos lleva a una autorrespuesta: con todo lo que ha pasado y sigue pasando, ¡estamos en peligro y nos están matando!” …

Un aspecto que es muy importante analizar en este artículo es que la ética y la moral también son muy importantes para el tema de la seguridad en Colombia, ya que, por ejemplo, es claro que quienes se convierten en cómplices o autores de actos violentos y aberrantes son un reflejo de valores y principios éticos que no poseen. También es pertinente mencionar la corrupción, de la que ningún sector es inmune: empresarios, políticos, gobierno, jueces, magistrados, medios de comunicación, organismos de control financiero y administrativo y otros sectores de la sociedad. Por eso la situación es sentida y percibida como perturbadora y caótica, y cada vez hay menos esperanza de que los males que nos aquejan a los colombianos se curen, pues se profundizan y los escándalos son cada día más frecuentes. Sin embargo, hay que decir que en materia social y política las reformas serán efectivas, beneficiosas y podrán aplicarse, tal y como recoge el artículo primero de nuestra Constitución, siempre y cuando se recuperen los valores éticos y morales que toda sociedad necesita, como punto de referencia para vivir en paz y construir una estructura social basada en la tolerancia, la solidaridad y los intereses comunes. En pocas palabras, la responsabilidad de restaurar y mantener los valores éticos y morales es de todos nosotros, pero hay que empezar desde el corazón: la familia, ya que los padres y familiares deben dar ejemplo de buen comportamiento a sus hijos desde la infancia.

Conclusión

En conclusión, Colombia ha vivido y vive una situación difícil en sus diversas manifestaciones, pero es urgente proteger los derechos de cada colombiano, como los de los gobernantes, para que ejerzan sus cargos de la mejor y más justa manera posible, pero para absolutamente todos nosotros, las semillas del cambio de valores y principios desde nuestra infancia pueden germinar en un país mejor y más seguro que En contraste con los que hoy ya no están, pero sobre todo con los que hoy temen por su vida, no han hecho nada.