Introducción
A pesar de que Colombia tiene un PIB de 456.000 millones de dólares y enormes reservas minerales, más de 22 millones de los 45,5 millones de habitantes del país viven en la pobreza, situación que se ha agravado por las políticas neoliberales establecidas en los últimos años.
Desarrollo
1. ciertos tipos de desigualdades sociales
Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Piketty advierte que, como el acceso a la información es limitado, tiene poco que decir sobre las causas de la desigualdad en el país. Según Thomas Piketty, el 20% de la renta de Colombia está en manos del 1% de la población y la mitad pertenece al 10%. Esta concentración es mucho mayor que en Estados Unidos.
Aunque la teoría económica explica la desigualdad, los determinantes políticos son más importantes. El acceso a la educación y al trabajo es una obligación que el Estado debe garantizar; sin embargo, las condiciones y la calidad del acceso afectan el crecimiento de la desigualdad (conferencia en la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, enero de 2016).
Para el investigador, la “meritocracia” sigue siendo un discurso utilizado por las élites para justificar la desigualdad. Según su investigación, las posibilidades de que los hijos de padres pobres vayan a la universidad son casi nulas, mientras que los hijos de padres ricos tienen casi un 100% de posibilidades de hacerlo. Y los que pueden hacerlo lo hacen en centros de investigación de dudosa calidad académica (“La desigualdad en Colombia es una de las más altas del mundo”: Piketty, El Espectador, enero 2016.Redacción Negocios y Economía).
3. análisis numérico de Colombia
Según el Banco Mundial, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y el segundo de América Latina, donde la mayoría de los pobres tienen que hacer cosas indecibles cada día para salir adelante ……. Según el Instituto Nacional de Estadística (DANE) para mayo de 2019, la tasa de desempleo de Colombia es del 10,3%. Durante la larga guerra con las guerrillas de las FARC y el ELN, cientos de miles de campesinos fueron desplazados y obligados a trasladarse a lugares remotos o a ciudades y pueblos, donde les resultaba difícil encontrar trabajo y dar cobijo a sus familias.
Como resultado de este conflicto y de la cesión indiscriminada de tierras cultivables por parte de los distintos gobiernos colombianos, hoy el 1% más rico de la población del país, junto con las multinacionales, posee el 81% de las tierras. El 62% de los jóvenes colombianos que viven en zonas rurales no tienen acceso a la educación secundaria y sólo el 2% va a la universidad.
A pesar de que Colombia tiene un PIB de 456.000 millones de dólares y enormes reservas minerales, más de 22 millones de los 45,5 millones de habitantes del país viven en la pobreza, situación que se ha visto agravada por las políticas neoliberales desarrolladas en los últimos años.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 5.000 niños mueren cada año en Colombia por causas relacionadas con la desnutrición. El documento, firmado por la Iglesia Católica, denuncia que “no sólo el 52% de los colombianos vive en la pobreza, sino que el 20% vive en la pobreza y 5.000 se acuestan cada día sin comer”.
Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), el 15 de mayo de 2012, se han acelerado la fuga de capitales y los daños al medio ambiente; se ha intensificado la privatización de servicios básicos como la educación, el agua, la electricidad y la sanidad; ha aumentado la desigualdad y la precariedad laboral; ha disminuido la producción de alimentos debido a la importación de productos estadounidenses subvencionados; y, sobre todo, el país ha perdido su soberanía económica y política. Hay siete bases militares estadounidenses en Colombia.
Las concesiones se añadieron para que los miembros del Congreso de los Estados Unidos aceptaran ratificar el TLC: para facilitar la venta de empresas de producción y servicios como las compañías eléctricas de Boyacá, Pereira, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Meta y Temo Candelaria; la expansión masiva de tierras para la minería y la agricultura extensiva; la construcción de presas hidroeléctricas y el consiguiente impacto sobre los indígenas y el medio ambiente.
La privatización incluye al Banco Popular y a Colpatria; empresas inmobiliarias, de agua y alcantarillado, de educación, de salud y de seguros.
Economistas y organizaciones políticas sostienen que el documento del TLC, de 1.531 páginas, destruye la soberanía de los Estados al convertirlos en leyes regidas por normas internacionales, según las cuales ningún organismo estatal puede ratificar nada que contradiga el texto. Sólo Washington tiene poder para modificar estas leyes, con cambios que le sean favorables.
Para reforzar el entorno neoliberal del ALCA, Colombia se ha comprometido en el apartado de propiedad intelectual a adherirse a otros cuatro acuerdos internacionales que facilitan la entrada y la libre circulación de las multinacionales estadounidenses en el país sin responsabilidad por reclamaciones medioambientales, despidos de trabajadores y violaciones de los derechos humanos.
“No hay duda de que Santos se anotó un punto importante al firmar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, pero él y su sucesor tendrán que hacer muchas mejoras sociales, económicas y políticas para la mayoría de los pobres del país, que no se pueden lograr con políticas neoliberales”, dijo entonces el periodista, autor e investigador, experto en política internacional, Hedelberto López Blanch.
La desigualdad en Colombia es muy alta: el 10% más rico tiene una renta per cápita 24 veces superior a la del 30% más pobre. La situación de Colombia es típica de América Latina, la región más desigual del mundo. Una desigualdad tan grande no se explica ni por el hecho de que haya tantos pobres en el país ni por el hecho de que unas pocas familias lo tengan todo. Estas dos visiones extremas son una forma de evadir el problema, que en esencia no nos dice nada: la pobreza en América Latina no es peor que en otros grupos de países con niveles de desarrollo similares, y los pocos agricultores de cacao ni siquiera figuran en las estadísticas.
La explicación más directa de la desigualdad reside en la educación. Los cabezas de familia del 10% más rico de América Latina tienen tres años más de educación que el 10% siguiente, y siete años más que el 30% más pobre de los hogares. Dado que el nivel medio de educación en América Latina es tan bajo -el trabajador típico sólo tiene cinco años de escolaridad-, los pocos que han logrado ir a la universidad tienen altos rendimientos, mientras que un gran número de personas con bajos niveles de educación tienen rendimientos muy bajos.
La educación reproduce las desigualdades en lugar de corregirlas. No se trata de que los ricos se confabulen con los gobiernos para explotar a los pobres. En América Latina, el gasto público en educación primaria no es bajo, y la matriculación en educación primaria es tan alta como en el sudeste asiático.
Pero cada vez es menos atractivo para las familias pobres mantener a sus hijos en la escuela. Si no pueden permitirse enviar a sus hijos a la universidad, no vale la pena el esfuerzo. Y cuanto más pobre es la familia y más hijos tiene, menos posibilidades tiene de hacer el esfuerzo. Por lo tanto, la familia es un conducto para propagar la desigualdad.
Sin embargo, aparte de esto, no se publican datos oficiales sobre otros aspectos de la desigualdad, como la distribución de la propiedad de las acciones, los depósitos y los valores públicos, y los ingresos declarados a efectos fiscales. Foto/PNUD
3. herencia social Metas y políticas gubernamentales para combatir las desigualdades
El coeficiente de GINI se basa en las encuestas de hogares, lo que significa que los más ricos no son encuestados; Roberto Angulo dice: “La encuesta no incluye a los millonarios del país, que normalmente no viven en Colombia, se niegan a rellenar el cuestionario o no están en la muestra” (ver ). Por lo tanto, el nivel real de desigualdad de ingresos es mucho mayor de lo que sugieren los datos oficiales.
Por ello, se han propuesto otros índices, como el índice de Palma o indicadores sencillos como el porcentaje de la renta total que recibe el 1% de la población. Según el índice Palma, que mide la relación entre los ingresos totales percibidos por el 10% más rico de los residentes y el 40% más pobre, Bogotá también se encuentra en una mala situación, con un valor del índice de 3,1, lo que significa que el 10% más rico de los residentes recibe tres veces más ingresos que el 40% más pobre, lo que la sitúa en el grupo medio de ciudades con desigualdades.
Sin embargo, además, para otros aspectos de la desigualdad, como la distribución de la propiedad de las acciones, los depósitos y valores del Estado y los ingresos declarados a efectos fiscales, no se publican cifras oficiales, aunque se disponga de datos y análisis gubernamentales. Algunos investigadores han analizado estas cifras disponibles en varios organismos gubernamentales, pero el gobierno no es transparente y no las utiliza como indicadores en los documentos políticos. Por ejemplo, Juliana Londoño.
El artículo 32 de la Ley 152 de 1994 establece que “los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin perjuicio de su autonomía, deberán tener en cuenta las políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo para garantizar su coherencia”.
En el Plan Nacional de Desarrollo, la meta de reducción de la desigualdad es pasar del valor GINI de 0,508 en 2017 a 0,47 en 2022, una reducción de 0,38, que debería ser al menos la meta que adopte Bogotá (Bases del Plan Nacional de Desarrollo, p. 161). En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el gobierno, a través del CONPES 3918 de 2018, se ha comprometido con una serie de metas para reducir la desigualdad.
Aumentar el valor de GINI de 0,522 a 0,480 en 2030, incrementar el crecimiento de la renta per cápita del 40% más pobre de la población del 2,7% al 3,5%, aumentar la participación de las rentas del trabajo en el PIB del 34% en 2018 al 35% en 2030 y reducir la brecha de pobreza extrema entre las zonas urbanas y rurales del 3,7 al 2,6. Es decir, el objetivo es mantener constante la desigualdad, lo que no es muy ambicioso. La desigualdad no es un problema de todos.
4. ¿Es éste un problema que debe afrontar la alcaldía de Villavicencio?
A pesar de la aceptación social generalizada de que la desigualdad es un problema grave, y de la afirmación, muchas veces repetida, de que somos uno de los países más desiguales del mundo, de que la desigualdad es excesiva, intolerante, injusta, desproporcionada, exagerada, etc., en realidad se han tomado muy pocas medidas para combatir la desigualdad.
La desigualdad no es un problema de todos. De hecho, el 1% del 22% de la renta total o el 10% del 40% de la renta total deben pensar que la desigualdad es muy buena ……. para ellos.
Sin embargo, los candidatos que consideren que se trata de un problema real deberán proponer objetivos específicos y acciones concretas. Como mínimo, los candidatos deberían comprometerse a alcanzar un índice de desigualdad de 0,4, correspondiente a Pereira y Bucaramanga, según el Instituto Nacional de Estadística.
Además, se espera que los candidatos vayan más allá de los objetivos de distribución de la renta y den un paso más al considerar una mejor distribución de los activos reales y financieros.
Conclusión
Sin embargo, las perspectivas no son muy positivas. Los objetivos de la política nacional son inestables y el gobierno de Duque no ha demostrado un compromiso serio con la reducción de la desigualdad. Además, la cuestión no parece estar todavía en lo más alto de la lista de preocupaciones de los candidatos.
También es necesario examinar qué se puede hacer realmente y la viabilidad política de aplicar medidas sustantivas para combatir la desigualdad. Desde una perspectiva marxista, las acciones del modelo actual sólo abordan los síntomas, no las causas de fondo, porque no cambian las desigualdades estructurales, lo que significa que millones de bogotanos sólo tienen su fuerza de trabajo y tienen que venderla a un pequeño grupo de personas que tienen dinero y medios de producción.
Pero incluso dentro de los límites de este sistema hay enormes diferencias de interpretación y política. En un reciente artículo publicado en el New York Times, Stiglitz aboga por una mejor distribución de la renta y ofrece una serie de sugerencias para lo que él denomina capitalismo progresivo”. El economista Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel, explica cómo canalizar las fuerzas del mercado y hacerlas trabajar para la sociedad.
