Introducción
Proceso de paz en Colombia
Colombia atraviesa un momento muy delicado que afecta a todos los habitantes del país, con la participación y la atención de la ciudadanía centrada en el proceso de paz, lo que supone una oportunidad para abordar cuestiones como la reparación de las víctimas y los cambios políticos que afectan al país.
Estas conversaciones entre el presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se están llevando a cabo en La Habana, han sido analizadas con mayor profundidad por los reguladores que acompañan estos diálogos para evitar los mismos errores y violaciones que se han producido en anteriores acuerdos de paz con las fuerzas armadas rebeldes.
En la historia colombiana, a pesar de la continuidad del conflicto armado con estos grupos, se han logrado varios acuerdos exitosos en el pasado, dado que en Colombia el conflicto ha durado más de 63 años, y si tomamos como punto de partida las negociaciones de 1953, desde entonces hemos visto varios fracasos de negociaciones por inconvenientes. Sin embargo, hoy en día y en la historia del mundo, podemos ver varias negociaciones que han terminado satisfactoriamente y con gran sufrimiento para la población civil y todas las víctimas de estos conflictos, lo que podría ser una iniciativa para continuar estas negociaciones y llegar a una solución equitativa en lugar de una solución de perdedores y ganadores.
Desarrollo
Historia
Para hablar del proceso de paz, hay que hablar del principio de todo. Se registra que la ola de violencia comenzó a mediados del siglo XX, donde se observó la lucha guerrillera entre liberales y conservadores hasta el 9 de abril de 1948, cuando ocurrió un hecho trascendental: la muerte del candidato Jorge Erickel Gaitán, que causó horror en sectores rurales y urbanos y dio origen a grupos de guerrilla (liberales y comunistas) y de autodefensa campesina.
En 1953 el GR Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder mediante un golpe de Estado y concedió la primera amnistía a los guerrilleros llaneros al mando de Guadalupe Salcedo, donde entregaron las armas. En 1958 varios grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el EPL y el M-19 surgieron para formar el Frente Nacional con el objetivo de poner fin a la dictadura del General.
En 1982 fracasó la amnistía para los grupos armados sancionada por Belisario Betancourt, siendo una de las razones más importantes la falta de apoyo político de los conservadores que dialogaban con los grupos comunistas. Sin embargo, la importancia de las negociaciones con estos grupos armados se vio en la mesa redonda del 28 de marzo de 1984, en la que se alcanzó un acuerdo de alto el fuego. También hubo debates sobre el Estado, en los que se propusieron diversas reformas políticas, como la agraria, la urbana y la legislativa, que reflejan las garantías de la actividad política y los derechos humanos. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo claro en ningún ámbito, el acuerdo de tregua no duró y no se logró la paz.
En 1985 se organizaron grupos armados para involucrarse en la política, creando un grupo llamado LA UNION PATRIOTICA, pero en 1988 el narcotraficante Gonzalo Gacha persiguió a este grupo político mediante asesinatos y masacres, intentando eliminar a los miembros y familiares que tuvieran algo que ver con el grupo. Después de la muerte de este narcotraficante, grupos armados como las AUC y las AUC continuaron con la idea de exterminar a todos los asociados con la guerrilla, creando una era de asesinatos y violencia masiva que parecía no tener fin en ese momento, completando la acumulación de poder de las FARC por parte de este grupo exterminado de la Unión Patriótica compuesto por comunistas, indígenas, estudiantes y otros participantes. En 1990, UP cesó sus actividades tras la dimisión de su director.
En 1986, la misión de Virgilio Barco comenzó a profundizar en la obra de Betancourt, adoptando su proyecto pero mejorando algunos puntos del gobierno anterior, y quedó claro que no tenían un proyecto definido, con objetivos claros ni un calendario o plazo preciso, y no había tiempo para difundir la información. Había demasiados actores sociales implicados, pero ante la falta de un compromiso claro y efectivo por parte del gobierno, se decidió que era necesario llegar a un acuerdo sobre el desarme y posteriormente incorporarlo a la política, por lo que junto a un proyecto de negociaciones limitadas con la guerrilla, el gobierno desarrolló una serie de programas destinados a restaurar las zonas de violencia. Entre ellas, un Plan Nacional de Recuperación y la creación de comités municipales y departamentales de recuperación para fomentar la participación ciudadana. Durante este periodo, se rompió el acuerdo de alto el fuego firmado con las FARC en 1984 y aumentaron los enfrentamientos con otros grupos guerrilleros. Según el gobierno, los anteriores acuerdos de alto el fuego no habían funcionado y la guerrilla aprovechó el alto el fuego para aumentar su fuerza y dividir el frente. Es deseable un replanteamiento de las negociaciones y del proceso de paz en su conjunto.
En 1990, el M-19 se desmovilizó el 9 de marzo y la mayoría del FEP y el grupo indígena Kintin Lamé el 16 de mayo. Se trataba de una paz parcial y no total. Se puede argumentar que la estrategia de los tres primeros años sirvió para presionar a algunos grupos a negociar mediante la alkandiya y la kamara.
En 1990 César Gaviria inició su mandato. Fue un año de gran crisis política y de extrema agitación social, especialmente tras el asesinato del candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Carlos Galán, y el asesinato de dos candidatos de izquierdas (entre ellos el candidato del M-19, Carlos Pizarro) después de que estos entregaran las armas.
En 1992 se llevaron a cabo negociaciones con los grupos guerrilleros de la guerrilla de Simón Bolívar (ELN, FARC, EPL), que pretendían discutir la crisis nacional pero no estaban interesados en resolver el conflicto armado, y que terminaron con el asesinato del ex ministro ANGELINO GARSON por miembros del EPL el 4 de mayo de ese año, y con el PRT y QUINTA LAME se llegó a un acuerdo.
En 1994, al comienzo del mandato presidencial de Ernesto Samper, se celebraron conversaciones con el ELN y el EPL. Samper quería cambiar la política de los últimos años del gobierno de Gaviria, que había intentado tratar a la guerrilla simplemente como un grupo de bandidos y secuestradores, sin reconocer su naturaleza política.
En 1998, durante el mandato presidencial de Andrés Pastrana, se iniciaron nuevas negociaciones con la guerrilla, conocidas como el “Proceso de Paz de Caguana”, en el que se discutieron varios puntos de crisis nacional como los derechos humanos, la reforma política y agraria, la paramilitarización, los derechos humanitarios internacionales y otros temas más específicos.
El periodo comprendido entre 1999 y 2002 estuvo marcado por las irregularidades en las negociaciones y el proceso finalizó el 20 de febrero de 2002, periodo durante el cual se produjo un aumento de la actividad militar de la guerrilla, los secuestros, las extorsiones, los asesinatos y los ataques a la población civil. El proceso con las FARC se detuvo tras el secuestro del ex congresista Louis Eduardo Galán y una sede vacía en Maruland. La falta de voluntad de las FARC y la improvisación del Estado para llevar a cabo estas negociaciones fue evidente.
En 2002, el mandato de Álvaro Uribe Vélez comenzó con las negociaciones con las AUC, y se desmovilizaron más de 30.000 paramilitares, con violaciones en el proceso de desmovilización por falta de garantías e impunidad, la formación de nuevos grupos y el aumento de casos de crímenes conjuntos.
El mandato de Juan Manuel Santos comenzó en 2010, y las negociaciones con las FARC se iniciaron el 4 de septiembre de 2012, sentándose las FARC en la mesa de negociación de La Habana el 19 de noviembre de ese año.
La mesa de negociaciones se estableció en La Habana el 19 de noviembre, un mes después de que se iniciara la primera ronda de conversaciones entre ambas partes en Noruega. La delegación del gobierno estaba dirigida por Humberto de la Calle y la de las FARC por Iván Marqués.
En 2013, el 26 de mayo se alcanzó un acuerdo parcial sobre desarrollo agrícola, uno de los seis puntos de la hoja de ruta acordada. El 6 de noviembre se alcanzó un segundo acuerdo parcial sobre la participación política de los ex guerrilleros, después de que las FARC suspendieran temporalmente las negociaciones entre el 23 y el 26 de agosto tras la propuesta del gobierno de aprobar el tratado de paz definitivo mediante un referéndum y no mediante una asamblea constituyente, como exigían los rebeldes.
En 2014, el 3 de febrero estalló un escándalo por la vigilancia de los servicios de inteligencia militar a todos los negociadores de paz; el 16 de mayo se alcanzó un tercer acuerdo parcial para hacer frente a las drogas ilegales; el 15 de julio se iniciaron las conversaciones sobre las víctimas del conflicto, que aún están en curso; el 22 de agosto se creó una subcomisión militar y partidista encargada del alto el fuego bilateral y del almacenamiento de armas; el 27 de septiembre se formularon nuevas acusaciones de espionaje contra los negociadores; las conversaciones se suspendieron temporalmente del 16 de noviembre al 10 de diciembre
2015 12 de febrero, las FRC dejan de reclutar a menores de 17 años 7 de marzo, militares y guerrilleros llegan a un acuerdo para el desminado conjunto 10 de marzo, Santos ordena una moratoria de un mes en los bombardeos de las FRC 15 de abril, 11 soldados mueren en ataques de las FRC, el gobierno reanuda los ataques aéreos 23 de mayo, los bombardeos del gobierno matan a 26 guerrilleros Finaliza el alto el fuego indefinido unilateral de las FARC. El 5 de junio se creó una Comisión de la Verdad. El 12 de julio, Santos fijó un plazo de cuatro meses para decidir si continuaba el proceso de paz. Cinco días después, Santos volvió a imponer una moratoria de los bombardeos; el 17 de septiembre las FARC anunciaron que estaban dispuestas a convertirse en un movimiento político, y el 23 de septiembre Santos y Timochenko se reunieron en La Habana.
Lo que ocurre en La Habana
Desde que se iniciaron las negociaciones con el grupo armado, no hay constancia de grandes avances como los conseguidos desde el 19 de noviembre de 2012, y los progresos que estamos viendo en las negociaciones con la guerrilla son históricos y la verdadera clave para acabar con más de 50 años de guerra. Tres de los seis puntos que componen la agenda de diálogo han sido revisados y evacuados, incluyendo la aprobación de acuerdos cuyo contenido ataca y cambia los orígenes de la confrontación armada. De hecho, el primer punto, “política integrada de desarrollo de la tierra”, aborda, entre otras cosas, cuestiones relacionadas con el “acceso y uso de la tierra”, la misma desigualdad rural que llevó a varios campesinos a levantarse en armas contra el Estado.
Para ello, los negociadores en La Habana, el 21 de junio de 2013, anunciaron que uno de los mayores logros del acuerdo alcanzado en materia de tierras fue el desarrollo de una “reforma rural integral”, cuyo eje central es reducir “la brecha rural-urbana” para garantizar la “erradicación de la pobreza” y la “promoción de la igualdad en las zonas rurales”.
También reconoce la importancia de fortalecer la economía campesina, por lo que el Estado reconocerá la necesidad de demarcar las fronteras agrícolas y fomentar las reservas campesinas.
La segunda cláusula del acuerdo del 8 de diciembre de 2013 entre el Gobierno y las FARC, “participación política”, también representa un avance histórico en términos de participación y compromiso.
Se creó no sólo para promover “reformas institucionales que favorezcan la formación de partidos políticos”, incluidos los que “surgieron tras la firma del acuerdo”, sino también para crear escaños especiales en la Cámara de Diputados para las regiones más afectadas por el conflicto.
Serán temporales y no representarán un paso directo para las FARC en el Congreso, ya que las personas que ocupen estos puestos también serán elegidas por votación”. Santos subrayó que “todo esto estará sujeto a las reglas democráticas”.
Y no hay duda de que un acuerdo para “resolver el problema de las drogas ilícitas” es un paso adelante en la erradicación del tráfico de drogas. La cuestión será sin duda objeto de análisis en el extranjero.
Aunque no se menciona mucho, está claro que nunca antes se había logrado una paz de tanto alcance con este grupo armado.
Conclusión
En Colombia, la paz debe estar garantizada por los acuerdos alcanzados en La Habana, donde la guerrilla también puede tener una participación política comprometida con las reglas institucionales del país. Es necesario el diálogo para descubrir la verdad tanto de la guerrilla como de las fuerzas armadas colombianas para entender la verdadera historia del conflicto interno y las acciones de ambos bandos en el transcurso de la historia. El objetivo es perdonar pero no olvidar al pueblo colombiano y a sus víctimas. La experiencia histórica demuestra que si el gobierno y la guerrilla negocian solos, no pueden lograr la paz.
Esto requiere la participación de las instituciones internacionales, cuyo papel es evitar que las negociaciones fracasen y, como se ha visto en Colombia, los actores internacionales pueden estimular una agenda de negociación y reforma y supervisar la aplicación de un acuerdo de paz definitivo.
Principios rectores
Creo que Colombia puede lograr la paz, no podemos seguir perdiendo el tiempo en negociaciones fallidas, ¿cuántas generaciones de víctimas han sufrido por esta guerra? Ha llegado el momento de acabar con esta guerra y con tanta violencia, que ahora percibimos como algo normal y permanente en nuestra vida cotidiana, debemos saber que Colombia quiere un cambio y apoyarnos en los acuerdos que han solucionado las guerras internas en otros países, donde históricamente hemos visto fracasar al Estado y a las propias guerrillas en la resolución de este conflicto y en la solución definitiva de este conflicto armado.
