Derecho penal y seguridad pública
Introducción
La seguridad pública es actualmente una cuestión vital para la sociedad, y nosotros, como miembros de la misma, queremos y nos esforzamos por establecer un sistema que nos permita realizar nuestras actividades diarias en paz, sin temor a que se produzcan ataques a nuestra persona y a nuestra propiedad, y aunque tenemos factores como la ley, la autoridad, el gobierno, etc., que debemos tener en cuenta para sentirnos tranquilos, realmente no hay un único factor que pueda poner en orden a los grupos sociales. la estabilidad y la confianza.
Entiendo y creo que la solución a la seguridad pública está en la correcta aplicación del código penal, y que sólo es necesario que todos lo entiendan y luchen por ello.
Vemos cómo los principios jurídicos pueden aplicarse a la seguridad pública. En el ámbito de la prevención de la delincuencia, nos fijaremos en las penas que se les imponen y en las diferentes instalaciones o servicios de que disponen los internos del Centro Federal de Readaptación Social, ya sean de máximo o de mínimo nivel de seguridad.
La aplicación del derecho penal en la sociedad se percibe como algo ajeno a nosotros, sólo lo vemos como una tarea de las autoridades, ni siquiera pensamos en entenderlo, se lo dejamos a los abogados; no nos importa la constitución, que ofrece garantías humanas, y ahí es donde se pierde la aplicación del derecho por desconocimiento.
Desarrollo
La relación entre el derecho penal y la seguridad pública.
En su día, cuando la sociedad estaba formada y estructurada, surgían conflictos, principalmente por la propiedad, que se intentaban resolver de forma disfuncional y muy dramática, como en el caso de la ley del Talión, según la cual se aplicaba un castigo igual al daño causado. Con el tiempo, quedó claro que en lugar de prevenir los problemas sociales, estaban creando más y más problemas por el mismo afán de venganza.
Desde entonces, se ha intentado crear un sistema para regular y sancionar el comportamiento humano en la sociedad y se han pasado varias etapas de búsqueda de diferentes argumentos, sanciones, autoridades, etc. El hecho es que el propio derecho penal era en aquella época la base para organizar la sociedad y prevenir los conflictos sociales.
El derecho penal, entendido como un sistema de leyes y normas que regulan el comportamiento externo de las personas para garantizar el respeto de los productos de la sociedad, se aplica con los medios de que dispone el Estado, es decir, su estructura de poder, es decir, la ley existe, pero ¿quién se encarga de aplicarla? Evidentemente, el tema de la seguridad pública es complejo, y conceptualizarlo, identificar las causas que originan los graves problemas y las propuestas que se pueden hacer para crear nuevas soluciones a estos problemas, pero el derecho penal surgió entonces como una herramienta para avanzar en la respuesta al problema. Considero que el gobierno mexicano no ha cumplido con su ineludible obligación de brindar una adecuada protección y defensa a las personas, a sus bienes y a sus derechos, obligación que, en relación con los ciudadanos, les da derecho a la protección legal del Estado, que tiene el deber de brindarla. Sin embargo, los particulares también deben observar ciertas normas de conducta para no perturbar la paz y la tranquilidad de nuestros semejantes y de la sociedad, pues de lo contrario el Estado ejercerá su poder.
Por lo tanto, hay que respetar los derechos legales básicos: la vida, la libertad, la integridad corporal, el patrimonio y el derecho familiar al sano esparcimiento, que a veces son el blanco de los delitos que ocurren en nuestros hogares, calles, comunidades, escuelas, lugares de trabajo, centros de ocio y ciudades de todo el país. En otras palabras, las personas, independientemente de su clase, nacionalidad, edad, religión, género o estado civil, pueden en cualquier momento convertirse en sujetos pasivos o entrar en un proceso de victimización, restringidos o desfavorecidos en cuanto a bienes, derechos o libertades fundamentales.
El principio fundamental de la aplicación del derecho penal a la seguridad pública, estableciendo un estrecho vínculo con el surgimiento de un nuevo concepto de seguridad pública, corresponde a las necesidades contemporáneas de nuestro país y, por lo tanto, al principio de la prevención del delito, bajo la rúbrica de la seguridad pública, incluyendo en el plan nacional de desarrollo programas destinados a la prevención del delito mediante la educación del público, a través de cursos para el público en general, principalmente para formar También se consideró que el derecho penal y la seguridad pública están relacionados porque la seguridad asegura la libertad, el orden y la paz, porque si no se mantuviera la paz no habría quien detuviera a los delincuentes o a los que infringen la ley, la seguridad pública es para preservar la integridad de las personas y proteger los derechos, y también se consideró que la seguridad pública es para prevenir los delitos que se pueden cometer o pueden ser cometidos por cualquier ciudadano.
Añadiendo que hasta que no se condene a un delincuente, se le presume culpable y el derecho penal debe poder demostrar si realmente cometió el delito, la seguridad pública soportará la carga de la prueba a través de hechos, diversos tipos de pruebas, testigos, etc.
Si no es responsable del delito, será absuelto y podrá quedar en libertad, pero si es responsable del delito que se le imputa o se le acusa, tendrá que responder de su castigo, ya sea una sanción económica o una pena de prisión.
El derecho penal implica la corrección o el castigo de una persona en función del acto o el delito cometido para que el delincuente pueda reintegrarse en la sociedad.
Uno de los principales problemas de la sociedad mexicana en la actualidad es la violencia y la inseguridad, que parecen ganar en importancia, por lo que la prioridad es encontrar formas adecuadas para garantizar una sociedad que asegure la paz y el bienestar social.
Toda política social se formula a través de un conjunto de normas, leyes, reglamentos y decisiones destinadas a proporcionar una acción conjunta a través de la cual se pueda adoptar una postura firme frente a lo que se entiende como “cuestiones sociales problemáticas”. Una política de seguridad pública debe partir de la prioridad de garantizar la paz social.
La observancia de los derechos humanos y la preservación y consolidación del Estado de Derecho deben ir de la mano de una lucha activa contra la delincuencia, pero parece imposible luchar simultáneamente contra estos objetivos (derechos humanos y democracia o seguridad, pero no simultáneamente). Es aquí donde la seguridad pública y la justicia penal se encuentran, y donde la superposición entre el autoritarismo y la democracia es más evidente: ¿hasta qué punto debemos apoyar los derechos y libertades que no respetamos en el sistema de justicia penal? Los medios no penales de control social han disminuido y, en consecuencia, la desesperación social ha obligado a los legisladores a escuchar soluciones contundentes que pasen al ámbito de la aplicación de la ley penal. La tentación del autoritarismo crece en nuestra sociedad.
Se pide al sistema de justicia penal que resuelva lo que no puede ni debe resolver, es decir, el conflicto entre
“Debido proceso” y “control del crimen”. Hemos caído en la ilusión de que el cambio normativo es ya un cambio existencial, y que ya hemos resuelto el problema de la delincuencia si se trata de una reforma o regulación.
Tenemos por delante reformas más preocupantes, las reformas de las leyes de seguridad nacional están sujetas a revisión legislativa, y tendremos que confiar en la prudencia del poder legislativo y en la resistencia del poder judicial. Entonces los jueces, como verificadores del Estado de Derecho en México, tendrán que poner freno a la tentación del autoritarismo.
Conclusión
Podemos observar la relación entre la seguridad pública y el derecho penal, y creo que la seguridad pública es realmente asegurar nuestros intereses legítimos y protegernos de los delincuentes, pero vemos que no es así porque a veces ellos mismos se convierten en delincuentes, o las mismas autoridades nos perjudican, y el derecho penal también es regular el comportamiento de los delincuentes, pero vemos que en muchos casos se les da el lugar para que lo utilicen y cambien sus resultados. Sin embargo, hay personas que, aunque sean culpables, consiguen su libertad por el simple hecho de ser ricos o amigos de funcionarios, y al castigarlos, la ley se les aplica muy favorablemente. Esta situación es totalmente contraria al principio establecido de justicia igualitaria para todos los mexicanos.
Últimamente se nos ha vendido la reforma penal a través de los llamados juicios orales, y levantar esta bandera ha llamado la atención, pero han sido muy distractores y no nos han permitido centrarnos en los distintos aspectos del sistema penal y de seguridad pública en los últimos años. Además, dicen que los centros penitenciarios existen para ayudarles, pero hemos visto que en realidad no es así en absoluto, al contrario, dicen que es un lugar donde se vende droga y donde se corrompen más, porque cuando muchos ex presos salen reinciden inmediatamente, cosa que no deberían, porque tienen programas para evitarlo. Personalmente creo que hay que desmantelar toda la estructura de la cárcel y hacer que nuevas organizaciones y dirigentes con la imagen adecuada se encarguen de esta mayor responsabilidad para que se elimine la mafia que ya existe dentro y se eduque a las nuevas personas que entran en la cárcel y en la seguridad para que no sean corrompidas por nadie ni por el dinero.
Fuentes bibliográficas
http://www.derecho.unam.mx/papime/TeoriadelDelitoVol.II/uno.htm
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www.biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/419/15.pdfhttp://www.biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/419/15.pdf
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http://es.scribd.com/doc/91065653/Esposicion
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www.criminet.ugr.es/elcridi/elcridi_ponencia.htmlhttp://www.criminet.ugr.es/elcridi/elcridi_pone ncia.html
