Introducción
Colombia es un país que ha sufrido una violencia directa y estructural que ha dejado innumerables víctimas y heridas sin cicatrizar en todo su territorio.
Desde hace más de cuarenta años, el pueblo colombiano está sometido a una constante ola de violencia, que muchos expertos califican de guerra civil, mientras que otros no están de acuerdo con tal confusión.
Sin duda, los orígenes de este conflicto se remontan a los años sesenta, cuando Colombia estaba inmersa en un conflicto armado en el que participaban múltiples actores como guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, el gobierno, las fuerzas armadas y la sociedad civil. Creemos que el caso colombiano ilustra la complejidad del conflicto armado, en el que interviene no sólo el Estado, sino también grupos que cuestionan la legitimidad del Estado y pretenden hacerse con el poder por medios violentos.
A lo largo de las últimas décadas, varios presidentes colombianos, junto con la Iglesia católica y la comunidad internacional, han hecho algún esfuerzo por alcanzar la paz y encontrar una solución beneficiosa para acabar con un conflicto que sólo ha traído miseria a todos los colombianos.
El objetivo principal del programa de Víctimas del Conflicto Armado es promover el restablecimiento de los derechos y la dignidad de las víctimas del conflicto armado a través de diversas estrategias que ayuden a restablecer las relaciones sociales
Desarrollo
El conflicto armado es uno de los problemas políticos y sociales a los que se ha enfrentado Colombia a lo largo de su historia. Cada día el conflicto armado se convierte en un tema que atraviesa estas esferas sociales, políticas, económicas y religiosas, generando confrontación y debate. Como dice el autor Mauricio García Durán en su artículo El conflicto armado colombiano “el fin del fin”“. Sigue habiendo un grado importante de continuidad en el conflicto armado, aunque se evidencia un cambio en el escenario estratégico del enfrentamiento entre los rebeldes y las fuerzas de seguridad.”1
El conflicto en Colombia ha durado muchos años y ha interferido repetidamente en el desarrollo económico del país, creando sociedades donde son más vulnerables y donde muchas personas sufren.
Las FARC, el ELN, las AUC, los paramilitares y las fuerzas armadas crean problemas sociales y económicos que afectan diariamente a todo el país. Lo que comenzó como una noble causa de lucha por la protección de los derechos humanos para todos ha superado diversas barreras y se ha convertido en el mayor reto generado por la sociedad. En su artículo, los autores Pilar Estebanes y José Manuel Díaz Olalla escriben: “Desde el principio, los grupos paramilitares colombianos se confabularon con el ejército del país para proteger los intereses y las propiedades de las élites locales y extranjeras, convirtiendo el conflicto armado en Colombia en una vorágine de intereses en la que se enfrentan el ejército, los grupos paramilitares y las guerrillas. 2Por eso se puede argumentar que estos grupos ilegales tenían inicialmente otros objetivos, pero con el tiempo han cambiado para incluir en su misión otra serie de delitos, como el narcotráfico y el terrorismo.
De este modo, la sociedad ha podido sobrevivir al saqueo de los campesinos, a la pobreza, al desempleo, a los miles de secuestros y a todos los problemas económicos que han surgido. Este conflicto ha durado más de 40 años y forma parte de la realidad política, económica y social del país.
Los más afectados son los miles de campesinos, indígenas y habitantes de las ciudades que son objeto de diversas distorsiones por parte de estos grupos, mediante el reclutamiento, el desplazamiento forzado y todas estas consecuencias asociadas a la guerra. En su artículo sobre el desplazamiento forzado, la autora Mónica Naranjo Giraldo señala que “la violencia derivada del conflicto armado es hoy un factor determinante en la salud mental de los colombianos y causa dolor y pena a niños, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres. 3Además de los cultivos ilegales, destruyen el uso de la tierra para este tipo de producción, que no aporta crecimiento económico al país.
En todos estos casos de violaciones de los derechos humanos, el conflicto ha dejado innumerables víctimas, por lo que el gobierno colombiano y las organizaciones no gubernamentales están desarrollando y aplicando una serie de planes para abordar la violencia, la recuperación y la rehabilitación de las víctimas del conflicto. Una de ellas es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), cuyo objetivo es restablecer la situación de los afectados por el conflicto, ofrecerles una reparación integral y reconocer sus derechos. El autor Juan Trujillo Cabrera escribe en su artículo “Procedimientos de restitución de tierras para las víctimas del conflicto armado”: “El objetivo es garantizar que las víctimas despojadas de sus tierras puedan
Existen mecanismos específicos para los procedimientos de restitución en el contexto de la desposesión anterior al 1 de enero de 1991. También incluye medidas preventivas y de protección de la seguridad pública en los municipios donde se llevan a cabo los procedimientos de restitución de tierras.[1]
La justicia transicional en Colombia es otra solución que se busca para mitigar el conflicto armado y contribuir a la construcción de una paz sostenible y duradera en Colombia, buscando la justicia y la paz para las negociaciones de paz y las garantías para las víctimas del conflicto. En su libro ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación en Colombia”, los autores Rodrigo Uprimmi Yepes y Maria Paula Saffron escriben: “En los últimos años, muchos sectores han hablado de la justicia transicional en Colombia. De hecho, la mayoría de los actores del discurso político sobre cómo abordar las atrocidades de los paramilitares defienden explícitamente el uso del lenguaje y los mecanismos de la justicia transicional, o al menos utilizan implícitamente la lógica y las categorías de la justicia transicional para analizar el contexto colombiano”.[2] .
Por lo tanto, la implementación de la justicia transicional en Colombia se enfrenta a un enorme desafío para lograr sus objetivos y así poner fin al conflicto armado cada vez más visible de la población del país, y para que la justicia transicional dé sus frutos, debe desarrollar un marco coherente que sea aceptado por muchos.
Conclusión
- Colombia es un país que ha sido sometido a la violencia directa y estructural, dejando innumerables víctimas y heridas sin cicatrizar en todo su territorio.
- No cabe duda de que el conflicto comenzó en la década de 1960, cuando Colombia estaba inmersa en un conflicto armado en el que participaban múltiples actores como guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, el gobierno, las fuerzas armadas y la sociedad civil. Creemos que el caso colombiano ilustra la complejidad del conflicto armado, en el que interviene no sólo el Estado, sino también grupos que cuestionan la legitimidad del Estado y pretenden hacerse con el poder por medios violentos.
- Las hostilidades entre los grupos paramilitares, las guerrillas y las fuerzas de seguridad nacionales han provocado innumerables muertes, discapacidades, desplazamientos, desapariciones, intimidaciones y secuestros, entre otras muchas situaciones.
- El objetivo principal del Programa de Víctimas del Conflicto Armado y Restitución de Tierras es promover el restablecimiento de los derechos y la dignidad de las víctimas del conflicto armado a través de diversas estrategias que contribuyan a restablecer las relaciones sociales y a restaurar las tierras perdidas como consecuencia del conflicto.
- La justicia transicional puede ser la forma más viable de poner fin al conflicto armado en Colombia, aportando elementos como la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Bibliografía
Impacto en la sociedad y fomento de la paz
Promover el respeto de los derechos humanos
Garantizar la educación de niños y adultos y permitirles seguir estudiando para afrontar la vida.
Seguir aplicando los acuerdos para desmovilizar a las personas de los grupos armados y ofrecerles oportunidades que les convengan.
Trabajar para reforzar una auténtica política de tolerancia.
Hacer de Colombia un país justo y verdaderamente transformador.
